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La cartera ingresó un proyecto de ley que busca garantizar el traspaso, disponiendo para los municipios la obligatoriedad de un plan de transición.

«Estamos trabajando en diferentes iniciativas para recuperar la educación pública, que debería ser el orgullo de una nación y durante tanto tiempo ha sido dejada de lado». Así aseguró el presidente Gabriel Boric en el día de la concienciación sobre el autismo, poco antes que el Gobierno presentara el esperado proyecto que reforma el sistema de los Servicios Locales de Educación Pública.

El Mineduc ingresó este miércoles a la comisión de Educación del Senado el proyecto de ley con el que busca mejorar el sistema cuyo colapso ha estado principalmente ilustrado en la Región de Atacama. En dos oportunidades la cartera encabezada por el ministro Nicolás Cataldo tuvo que sofocar paralizaciones del gremio de profesores en la zona.

En el diseño de la moción, el ministerio identificó siete puntos de diagnóstico sobre la implementación de los SLEP. Ellos son la demora en los procesos críticos para su funcionamiento; la baja capacidad de saneamiento de la administración municipal previo al traspaso; la falta de atribuciones del Mineduc, de la Dirección de Educación Pública y de la Superintendencia de Educación para anticipar casos críticos y la ambigüedad y duplicidad de funciones entre el Departamentos Provinciales y Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Slep. También se cuenta la rigidez en la gestión administrativa y financiera de los SLEP; la insuficiencia de infraestructura y la deficiencia en la coordinación intersectorial con otros servicios. De ese modo, el proyecto plantea seis objetivos, siendo el central, asegurar un adecuado traspaso educativo. Para esto, la moción del Ejecutivo dispone la obligatoriedad de un plan de transición para los municipios, incluyendo sanciones que pueden llegar hasta la destitución por su incumplimiento. Además, amplía de uno a dos años el plazo que media entre la entrada de funcionamiento del SLEP y el traspaso del servicio educativo; da incentivos para asegurar hitos claves tales como la conformación del Comité Directivo Local y robustece y precisa deberes de información de parte de los municipios. Otros fines que busca el proyecto de ley es mejorar la representación del Consejo Local; fortalecer la Dirección de Educación Pública; mejorar mecanismos de acompañamiento y darle el estatus de política de Estado al sistema de educación pública.

Fuente: Emol.com